El mayor poder de nuestra época reside en la tecnología digital inteligente. ¿Alguien puede dudarlo?
Las armas más mortíferas hoy en día son los drones y los misiles guiados por inteligencia artificial En la guerra de Ucrania, los drones guiados por IA ya causan entre el 70 y el 80% de las bajas en el campo de batalla. El asesinato de la cúpula iraní por parte del ejército de Estados Unidos se decidió y ejecutó en menos de un minuto con ayuda de sistemas de inteligencia artificial. Lo mismo ha sucedido en el genocidio del pueblo palestino en Gaza.
Las empresas transnacionales más rentables son las que utilizan las tecnologías de plataforma más invasivas: las que más saben y más aprenden y establece sólidos lazos con el poder militar.
Cinco empresas estadounidenses —NVIDIA, Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon— acumulan hoy 17 billones de dólares en capitalización bursátil: el 15% de toda la riqueza bursátil del planeta.
Ningún Estado, ningún banco central concentra en una sola dirección un poder comparable. Ese capital no es abstracto: se convierte en infraestructura propia, en capacidad de presionar reguladores y gobiernos con una autonomía que ninguna institución democrática ha sabido todavía delimitar.
Quien controla los chips, la nube y los modelos de inteligencia artificial controla los sistemas nerviosos de las economías modernas —y no solo de las más ricas: también de las más vulnerables, que dependen de esa infraestructura sin participar en su gobierno ni en sus beneficios. Google ha eliminado de su código de conducta la restricción a desarrollar armas; Microsoft ha vendido al ejército israelí tecnología avanzada de IA; OpenAI ha firmado un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono.
Los nuevos imperialismos que emergen en el nuevo orden internacional que Trump está promoviendo se basan en la superioridad tecnológica que mejora, al menos teóricamente, la productividad, el comercio y, sobre todo, el control del consumidor global. El poder financiero y el poder militar han dejado de ser esferas separadas -si alguna vez lo han estado-. Actualmente, se ve claro que son el mismo negocio, y sus consecuencias las sufren desproporcionadamente los pueblos más débiles.
Un sistema cerrado
Hay pensadores que lo vieron venir con décadas de antelación. Mumford advirtió en los años cincuenta que la técnica moderna no era un instrumento neutral al servicio del ser humano, sino un sistema que tiende a imponerse sobre él, a reorganizar la vida social según sus propias lógicas de eficiencia y control. Ellul fue aún más allá: la técnica se autoexpande sin preguntarse para qué sirve ni a quién beneficia, y quien cree dominarla acaba siendo dominado por ella. Latouche añadió la dimensión que con más frecuencia se omite: el progreso tecnológico ilimitado no es progreso humano universal, sino acumulación de poder para unos pocos a costa del planeta y de la mayoría —especialmente de quienes viven en las periferias económicas del sistema—.
Hoy, esas advertencias han encontrado confirmación y continuidad en pensadores activos. El filósofo coreano Byung-Chul Han ha acuñado el concepto de psicopolítica para describir un poder que ya no coacciona sino que seduce: un sistema que convierte la propia libertad del individuo en instrumento de dominación, que nos hace obedecer creyendo que elegimos. Kate Crawford ha demostrado, con datos y geografía, que la inteligencia artificial no es ni artificial ni inteligente: es un registro del poder existente, con minas de litio, centros de datos y trabajadores precarios en sus cimientos, y con sus costes siempre descargados sobre los más vulnerables. Todos coinciden en lo esencial, y lo dicen con palabras distintas: una tecnología no sometida a deliberación colectiva y a fines humanos conscientes no libera. Esclaviza. Y esclaviza primero y con más dureza a quienes menos poder tienen para resistirla. La cuestión, como señala Innerarity no es ya si podemos o no convivir con los algoritmos, sino en qué medida y en qué condiciones democráticas.
La democracia, también en tecnología, sigue siendo la pregunta fundamental de nuestra época. Porque el capitalismo se ha mutado en capitalismo de la vigilancia Y este en tecnofeudalismo.
Una minoría oligárquica
Un puñado de corporaciones —radicadas en dos países, Estados Unidos y China— controla los datos, los modelos de IA y la infraestructura en la nube que moldean las vidas de ocho mil millones de personas. Deciden qué información circula, quién accede a un crédito o a un empleo, cómo se distribuyen recursos esenciales.
Esta minoría oligárquica no rinde cuentas ante parlamentos ni pueblos; gobierna para maximizar beneficios y poder, erosionando la privacidad, la intimidad y la soberanía colectiva en todos los continentes. La destrucción de la privacidad y del estado de derecho ya no es un riesgo: es el modelo de negocio. Y sus efectos no son uniformes: los sistemas algorítmicos reproducen y amplifican desigualdades de clase, género, raza y geografía, penalizando con más frecuencia a los que ya parten en desventaja —en el Sur Global, en las periferias urbanas, en las comunidades históricamente discriminadas.
Ni el libre mercado ni el estatismo autoritario ofrecen salida.
El primero -cada vez más gobernado por intereses militares- deja el futuro en manos de quienes ya acumulan capital computacional, consolidando una nueva dependencia tecnológica que replica, en el siglo XXI, las lógicas del colonialismo económico del XIX. El segundo reemplaza oligarcas privados por burocracias opacas igualmente ajenas a la ciudadanía.
La alternativa socialdemócrata y humanista no consiste en rechazar la tecnología sino en someterla al estado de derecho democrático y a la soberanía popular —en todos los países, no solo en los más ricos—.
Esta alternativa no es una utopía: es la misma lógica que en el siglo XX transformó la electricidad, la sanidad y la educación de privilegios privados en derechos universales. Ninguno de esos avances fue un regalo del mercado ni una exportación cultural de Occidente; todos fueron conquistas políticas construidas desde abajo, en contextos muy distintos, con instrumentos adaptados a cada realidad.
Una nueva gobernanza democrática
La pregunta, entonces, no es si regular —eso ya no se discute en ningún foro serio— sino cómo construir una gobernanza tecnológica que sea genuinamente global, democrática y justa: que no repita el patrón de unas pocas naciones ricas dictando normas al resto, sino que incorpore desde el principio las voces, los intereses y las necesidades de las mayorías del planeta. El punto de partida institucional más legítimo que existe es precisamente el que nació de ese principio: la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO, adoptada por unanimidad por sus 193 Estados miembros —del Norte y del Sur, de economías avanzadas y en desarrollo—, establece que los sistemas de IA deben ser auditables, transparentes y trazables; que ninguna decisión algorítmica que afecte derechos fundamentales puede operar como caja negra; y que la responsabilidad jurídica debe atribuirse siempre a personas o entidades concretas. Es un marco que existe, que tiene el respaldo más amplio posible y que, sin embargo, más del 80% de las empresas del mundo ignora en la práctica. Esa brecha entre el acuerdo formal y la realidad cotidiana es el espacio exacto donde debe actuar la política.
Los demócratas y los progresistas tienen aquí una agenda concreta, construida no desde un modelo único sino desde principios compartidos que admiten formas de aplicación diversas según cada contexto.
Primero: convertir en ley vinculante y exigible lo que hoy son recomendaciones, con mecanismos de cumplimiento que no dependan exclusivamente de la capacidad institucional de cada Estado —porque esa capacidad es muy desigual— sino de marcos multilaterales con fondos y asistencia técnica para los países con menos recursos.
Segundo: tratar los datos ciudadanos como bien público en todas las jurisdicciones, creando agencias de gobernanza de datos con participación de la sociedad civil y mandato democrático, adaptadas a las condiciones legales y políticas de cada país pero conectadas por estándares comunes.
Tercero: financiar con fondos públicos internacionales —incluyendo mecanismos de transferencia desde los países más ricos hacia los más vulnerables— infraestructuras digitales soberanas que rompan la dependencia absoluta de tres empresas privadas estadounidenses que hoy controlan más del 65% de la infraestructura digital global. Sin soberanía de infraestructura, la independencia tecnológica de los países del Sur es una ficción.
Cuarto: garantizar una educación tecnológica crítica y universal que no sea mera alfabetización digital funcional al servicio del consumo, sino formación ciudadana que permita a las personas comprender, cuestionar y participar en las decisiones que los sistemas tecnológicos toman sobre sus vidas.
Y junto a la regulación, la democratización efectiva: no como eslogan, sino como arquitectura institucional construida desde la pluralidad. Jurados ciudadanos, asambleas deliberativas y mecanismos de consulta popular —con formas adaptadas a cada tradición política y jurídica— para decidir colectivamente sobre los usos militares de la IA autónoma, sobre los límites de la vigilancia, sobre la orientación de la investigación pública. Alianzas entre movimientos sociales, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones feministas, países del Sur Global y fuerzas progresistas en todos los continentes para exigir un tratado internacional de estado de derecho tecnológico con rendición de cuentas real, reparación efectiva de daños y responsabilidad penal cuando se vulneren derechos fundamentales —en cualquier país, frente a cualquier corporación, con independencia de dónde estén registradas sus sedes.
La técnica no es destino: es elección, decía L. Mumford. Pero esa elección solo es libre cuando es colectiva y cuando todos los que van a verse afectados por ella tienen voz en el proceso. Hoy no la tienen.
La humanidad entera convive con tecnologías que han sido diseñadas, desplegadas y gobernadas por una fracción minúscula de ella. Cambiar eso no es antimodernismo ni nostalgia: es democracia. Y la democracia, a diferencia del mercado y del partido, no tiene una sede nacional. Es, o debería ser, el lenguaje común de todos.
(Una versión de este texto se publicó en L’Endavant)
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